La estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de la población cubana. Sin embargo, en los últimos años, Cuba ha enfrentado un preocupante incremento de delitos dirigidos a sabotear, dañar o sustraer componentes de su infraestructura eléctrica.

Los delitos que afectan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) provocan daños económicos y sociales que adquieren especial gravedad en las actuales condiciones del país, aun cuando no constituyen la causa principal de las interrupciones del servicio eléctrico. Tales violaciones representan una grave amenaza para la estabilidad energética de Cuba y la respuesta de las autoridades ha sido contundente, con la aplicación de penas severas y la calificación de estos actos como sabotaje.

La modalidad delictiva que más predomina es la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, con más de 300 denuncias en todo el país. Este aceite, utilizado como aislante y refrigerante en los transformadores, es comercializado en el mercado informal para su uso como combustible.

Ante esta situación La Fiscalía General han endurecido su respuesta legal, calificando estos actos como sabotaje y aplicando todo el rigor de la ley. Más de 460 investigaciones en menos de dos años demuestran la magnitud del problema y la determinación del Estado cubano de enfrentarlo.

 

El Tribunal Supremo Popular emitió en mayo de 2025 el Dictamen número 475, mediante el cual se establece que los hechos vandálicos dirigidos a sustraer, dañar, alterar o perjudicar componentes, partes y piezas destinados al sistema electroenergético constituyen un delito de sabotaje. Esta decisión busca proteger las infraestructuras críticas para el desarrollo económico y social del país.

La Fiscalía General impuso prisión provisional al 87 por ciento de los imputados y solicitó sanciones severas atendiendo a la gravedad de los hechos y los daños ocasionados.

El delito predominante es la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, con más de 300 denuncias en todas las provincias, principalmente en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa. Entre las afectaciones se registraron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico a miles de familias, paralización de centros productivos, daños a entidades agropecuarias y pérdida de transformadores irrecuperables.   En algunos casos los autores fallecieron al intentar la sustracción en líneas energizadas, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio del Interior. 

Según las investigaciones del Ministerio del Interior los delitos se cometen, principalmente en lugares de escaso tránsito, poca iluminación y falta de protección. Las autoridades cubanas señalan que estas acciones se producen en un contexto de guerra económica y cerco energético impuesto por Estados Unidos, que provoca desabastecimiento de combustibles e incrementa las contingencias en el sistema eléctrico.

El Estado cubano ha reafirmado su compromiso de combatir la impunidad frente a quienes atenten contra el bienestar de la población, en un contexto marcado por la compleja situación energética.